30 de marzo de 2005. Sagunt
Un joven marroquí de 30 años de edad paseaba con su pareja cuando fue increpado por un grupo de menores españoles. La víctima recriminó a los jóvenes su actitud, siendo rodeado y agredido brutalmente por estos. Cuatro menores fueron detenidos en relación con los hechos. Uno quedó en libertad y la Fiscalía pidió el internamiento cautelar de los otros tres, que entonces tenían 15, 16 y 17 años.
Desde el principio, la Fiscalía apreció tintes racistas en la agresión. Les acusó de homicidio y solicitó cuatro años de internamiento en régimen cerrado y dos de libertad vigilada para tres de los cuatro investigados. En vísperas de que se celebrara el juicio, en enero de 2006, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso de la abogada de uno de los menores y devolvió la causa a instrucción. Entendió que se había vulnerado el derecho a la defensa de los menores, que el fiscal -que en las causas de menores actúa como instructor- había hecho una interpretación abusiva del secreto de sumario hurtando a las partes el conocimiento de la causa e impidiendo que solicitaran la práctica de nuevas diligencias.
Una vez que tuvieron acceso al expediente, las defensas pudieron entonces pedir nuevas pruebas; algunas se practicaron; otras no, porque el tiempo transcurrido lo hizo imposible. Las grabaciones de las entidades bancarias de la plaza ya habían sido borradas; los otros jóvenes que participaron en la paliza no fueron localizados; tampoco los instrumentos con los que agredieron a la víctima; a los menores no les fue intervenido instrumento alguno relacionado con las heridas del fallecido; no se acreditó que llevaran botas con punteras reforzadas.
La vista no llegó a celebrarse al solicitar la Fiscalía el archivo de la causa.